La politización del caso de Juana Rivas: del «yo sí te creo» al olvido del menor
El caso de Juana Rivas y Francesco Arcuri no encaja en una narrativa sencilla ni admite lecturas planas para ajustarlo a moldes ideológicos. Es, más bien, el reflejo de un conflicto familiar complejo y procesos cruzados entre dos jurisdicciones. Desde el inicio del historial judicial en 2009 —cuando ambos progenitores se denunciaron por agresiones mutuas respaldadas por informes médicos, terminando Arcuri aceptando una condena por conformidad y retirando su denuncia contra Rivas, y pese a lo cual retomaron rápidamente la convivencia— hasta la posterior ruptura en 2016, la dinámica familiar no se redujo a un esquema unidimensional de víctimas y agresores. Tampoco lo haría el proceso judicial que se abrió años después.
Pero esa complejidad resultaba incompatible con la lógica reduccionista que el Gobierno abrazó al conceder el indulto a Juana Rivas: una visión binaria donde toda madre es protectora por definición y toda desobediencia queda justificada si se reviste de instinto maternal. En ese marco emocional, que una mujer se lleve a sus hijos menores del domicilio familiar, los retenga ilegalmente durante meses impidiendo el contacto con su padre, y desobedezca de forma reiterada resoluciones judiciales que ordenaban expresamente su restitución inmediata no fue interpretado como una intolerable transgresión de la ley ni como un riesgo real para la integridad y estabilidad emocional de los menores, sino como un gesto de coraje al que convenía rendir homenaje político.
«No se puede condenar a una madre por proteger a sus hijos», fue el mantra institucional elegido para justificar el indulto a Juana Rivas. Lo fue, además, en abierta contradicción con todos los informes técnicos recogidos en sentencia judicial emitidos por la justicia italiana y ratificados por los tribunales españoles, que durante años —mediante peritajes, evaluaciones psicológicas, seguimiento institucional y visitas continuadas de servicios sociales al domicilio de los menores— concluyeron no solo que no existía indicio alguno de maltrato por parte del padre, sino que la versión de Juana Rivas era inverosímil y que, lo más importante, los menores presentaban síntomas de manipulación emocional y presión afectiva por parte de la madre. Esta dinámica fue determinante para que el Tribunal de Cagliari concediera la custodia exclusiva a Francesco Arcuri.
Propaganda con rostro infantil: sobre la protección del menor
La reincidencia de Juana Rivas este julio no ha hecho más que confirmar lo que la justicia española e italiana ya habían advertido: el indulto no corrigió ninguna injusticia, sino que premió un relato emocional y políticamente útil. La extrema instrumentalización política del caso ha forzado el relato hasta el límite para hacerlo encajar en una lógica de opresores y oprimidos, omitiendo pruebas y desoyendo deliberadamente a jueces y psicólogos. Lo ocurrido el pasado 22 de julio en Granada evidencia hasta qué punto se ha desdibujado la prioridad del menor en este caso: el hijo menor de once años, que debía ser entregado a su padre en cumplimiento de una sentencia firme, fue expuesto públicamente —sin que todavía se haya esclarecido quién filtró la ubicación del punto de entrega— entre decenas de cámaras en un clima de presión emocional y mediática absolutamente contraria a cualquier estándar mínimo de protección infantil.
Lo verdaderamente alarmante es que este episodio no ha sido un accidente, sino la culminación de una estrategia narrativa que ha relegado a un segundo plano lo verdaderamente importante: el impacto psicológico que estas dinámicas generan en los menores. Bajo el paraguas dogmático de la «madre protectora», se ha normalizado una forma de interferencia afectiva en la que el menor queda emocionalmente condicionado y expuesto públicamente como herramienta de validación. Lo que vimos en Granada fue el síntoma visible de un daño mucho más profundo: un niño convertido en escudo emocional y recurso narrativo, presionado a posicionarse frente a un progenitor con el único fin de sostener una causa política.
«Debemos escuchar a los niños», proclamaron algunos actores políticos como la ministra de infancia, como si el menor no hubiese sido ya exhaustivamente escuchado, evaluado y supervisado durante años por dos sistemas judiciales europeos, con participación de jueces, fiscales, peritos, psicólogos y trabajadores sociales. Tal vez, con algo más de honestidad, la consigna adecuada habría sido: «escuchemos a los niños cuando, llevados al límite emocional, dicen exactamente lo que necesitamos para sostener nuestro relato político».
Porque cuando los hechos no encajan con el relato, se niegan los hechos. Cuando las sentencias contradicen el dogma, se culpa a los jueces. Y cuando los tribunales italianos y españoles —con abundante respaldo pericial— otorgan la custodia al padre por considerar que el entorno materno genera un grave perjuicio psicológico a los hijos, el discurso institucional opta por desautorizar a la Justicia y seguir coreando: «yo sí te creo». Bajo esta lógica, la protección del menor deja de importar y es sustituida por una necesidad política torticera de crear héroes y villanos. Los matices no caben. Las pruebas son irrelevantes.
El posicionamiento ciego a favor de Juana Rivas por parte de algunos responsables políticos no supone solo una temeridad institucional con nulo respeto a la división de poderes, sino también un preocupante abandono del deber de velar por el interés y la protección del menor. Convertir a un niño en portavoz emocional de una causa ideológica no es justicia: es propaganda. Y el coste de estas narrativas lo acaban asumiendo quienes más deben ser protegidos: los menores.